La decisión se tomó luego de dos meses y medio de cortes de energía. El 5 de noviembre pasado se iniciaron los apagones en el país, producto de los bajos caudales que alimentan a la central Paute y la imprevisión para instalar nuevas centrales térmicas.
El anuncio lo hizo el ministro de Electricidad (e), Miguel Calahorrano, la tarde de ayer tras mantener una reunión de más de dos horas con el presidente Rafael Correa y el Comité de Crisis Energética, en Carondelet.
Calahorrano explicó que las condiciones técnicas que motivaron la decisión fue el funcionamiento firme de la nueva energía termoeléctrica incorporada.
Desde el inicio de los racionamientos, al sistema nacional se sumaron 247 MW de potencia térmica de las centrales Intervisa II, Power Barge y 4 turbinas General Electric instaladas en Manta y Pascuales en Guayaquil.
Según Calahorrano, hasta marzo próximo se espera completar una potencia total de 512 MW de nueva energía termoeléctrica con el funcionamiento de tres turbinas adicionales en Pascuales, 130 MW en Quevedo y 75 MW en Santa Elena. Estas dos últimas centrales térmicas fueron alquiladas por el Estado a las empresas Energy Internacional y APR Energy.
El funcionario destacó que otra condición favorable para la suspensión de los cortes es el aporte en firme de más de 1 000 MW-h al día de Colombia y 1 600 MW-h al día de Perú.
Finalmente, el incremento en los caudales que alimentan a Paute, que ayer llegaron a 59 m³/s, —más de 15 metros por sobre el promedio en el mes—, también incentivó a que se mantenga la suspensión de los cortes.
Sin embargo, Calahorrano advirtió que aún no ha terminado la crisis energética en el país aunque hayan parado los apagones.
Luego de hacer un llamado a que se mantenga el ahorro en la ciudadanía, informó que si los caudales en Paute bajan a 25 m³/s, la población tendrá sufrirá nuevamente los racionamientos .
“Si la sequía que venimos soportando desde septiembre continúa y se retornan situaciones extremas en cuanto a bajos caudales, que no es probable, podríamos volver a los racionamientos”.
Calahorrano dijo que el decreto de emergencia en el sector eléctrico permanecería vigente hasta el 6 de febrero próximo para facilitar la contratación de nueva generación térmica a instalarse en Machala como medida preventiva para el último trimestre de este año. La restricción del alumbrado público se levantará poco a poco.
Entre los sectores productivos, el nuevo anuncio no fue recibido con mucha confianza. El presidente de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, Javier Díaz, dijo que la medida es poco alentadora, pues evidencia que el país aún depende de Paute, por lo que podrían volver los cortes.
Análisis: Los apagones se suspeden definitivamente. El ministro de Electricidad, Miguel Calahorrano, aseguró que el país permanecerá sin cortes mientras los caudales en la central Paute no bajen a 25 m³/s. Es por eso que el Gobierno levantó de manera indefinida los racionamientos del suministro eléctrico en país. Sin embargo, el sistema nacional interconectado aún depende de las precipitaciones en la central hidroeléctrica de Paute.
Con esto, el Directorio de la entidad bancaria viabiliza la colocación de USD 200 millones de la reserva monetaria del país para oferta de vivienda nueva. Los USD 400 millones restantes se destinarán a créditos hipotecarios del Banco del Pacífico y al bono urbano de USD 5 000.
Sin embargo, para dinamizar la entrega de estos recursos, el gran desafío del Gobierno será articular la demanda existente con la oferta de nuevos proyectos.
Para Alberto de Guzmán, gerente del BEV, es una oportunidad histórica para ofrecer vivienda a los segmentos que el Estado busca atender, es decir, clase media-baja que requiere de soluciones entre USD 8 000 y 65 000.
José Centeno, titular de la Federación de Cámaras de la Construcción del Ecuador, coincide en que el financiamiento para la construcción es positivo y permitirá reactivar al sector este año.
“Hasta ahora se ha mantenido el trabajo acorde con las ventas que se debe cumplir. El nuevo financiamiento se verá en los próximos meses”. Pero aclara que si no hay crédito a largo plazo para el comprador, es difícil hablar de una reactivación. Uno de problemas que ve es que los interesados no cumplen con los requisitos de las entidades financieras.
De ahí que el BEV financiará proyectos que ya tengan asegurada una demanda y cuenten con precalificaciones de crédito aprobadas por las entidades financieras (ver cuadro de requisitos).
Además, una de las condiciones del BEV es asegurar al promotor que el proyecto tendrá los bonos urbanos que requiera, pero a cambio estos recursos se retendrán en las cuentas de la entidad.
Estos fondos se entregarán cuando esté asegurada la venta de los bienes y con esa plata el constructor pueda pagarle al BEV los dividendos del crédito. Adicionalmente, el aporte que reciban del BEV formará parte de un patrimonio autónomo (fideicomiso) con el fin de que la inversión esté bien protegida.
De Guzmán explicó que están en análisis proyectos que incluyen 15 000 viviendas con una necesidad de financiamiento de USD 105 millones. De estos proyectos, el 42% corresponde a viviendas que cuestan entre USD 12 000 y 20 000. Y un 33% va de USD 5 500 a 12 000.
La semana anterior ya se aprobaron dos en Cuenca y en Alangasí y el Directorio analiza hoy otros cuatro. Hasta ahora el BEV ha recibido USD 50 millones de los 200 millones previstos, pero si los proyectos presentados están bien estructurados y son viables se prevé pedir los USD 150 millones restantes hasta febrero próximo.
La idea es que los recursos vayan a soluciones habitacionales que ya estén en marcha. De esta forma se garantizará que las viviendas lleguen a quienes lo necesitan y se logre el retorno de la inversión para cumplir con el Banco Central, entidad que maneja las reservas de liquidez doméstica del país.
Análisis: El Banco Ecuatoriano de Vivienda (BEV) tiene listo el plan para financiar planes de vivienda, debido a que ya se definió las reglas para que constructores y promotores de vivienda tengan financiamiento. A casi tres meses de que el Presidente anunciara una inversión de USD 600 millones en la construcción, el viernes anterior el BEV aprobó un reglamento y hace tres meses el Gobierno propuso intectar 200 millones a través del BEV. La entidad analiza proyectos que incluyen 15 000 viviendas por USD 105 millones.
Sobre la tierra acomodaron dos colchones rojos y durante el descanso se cobijan con frazadas. La vigilancia fue un encargo que les dio la Federación Shuar.
En la entrada a la carpa hay ramas secas que hacen las veces de una puerta. Tukup dice que ellos se instalaron allí porque les informaron que la emisora sería cerrada y por eso la custodian todo el día, para evitar la clausura.
A su alrededor hay más antenas de otras emisoras locales. Asegura que no se moverán. “Estar aquí no es fácil, pero vale la pena”.
Según el Gobierno, desde La Voz de Arutam se incitaron a los hechos violentos que causaron la muerte del profesor Bosco Wizuma, en las manifestaciones de octubre pasado en Macas. Por ello, el 17 de diciembre, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) inició el proceso para retirar la frecuencia de la radio.
Ayer, Tukup estaba solo. Su compañero salió a buscar alimentos en Macas. “Hay veces que no comemos, pero no nos importa. Hay que hacer todo por defender nuestro patrimonio”.
La antena de esa emisora está ubicada en el cerro Quílamo, en Macas, capital de Morona Santiago. Es una de las dos repetidoras de La Voz de Arutam, que tiene sus estudios en el cantón Sucúa, a 30 minutos de Macas. La otra antena está en el cerro Bosque, en el cantón Limón Indanza, pero no está vigilada.
Ayer, la emisora salió del aire por cinco horas, desde las 10:30, pero fue por un mantenimiento de rutina. El técnico Juan Lara reparaba el transmisor. Esa labor se cumplió porque hay zonas alejadas donde la señal no llegaba.
Lara trabajaba presuroso para que La Voz de Arutam pueda transmitir el inicio de la asamblea anual de la etnia Shuar, que se inició ayer a las 16:00 en el Centro de Formación Kiim de Sucúa. Esta asamblea había convocado a unos 400 dirigentes de base de la Nacionalidad Shuar. Ellos se dieron cita con inquietudes y pedidos desde sus comunidades.
Por ejemplo, Bosco Ampush, presidente de la comuna Kunkints, en el cantón Guamboya, se inscribió cerca de las 10:30. Luego recibió la agenda, una camiseta de la Federación, su credencial y calendarios de la organización.
“Quiero oír la rendición de cuentas del presidente de la Federación (Shuar), José Acachu”. Pero no solo eso le inquietaba, también fue encomendado por su comuna para que conozca sobre el proceso de clausura que el Conatel sigue en contra de la radio La Voz de Arutam.
Ampush dijo que la información será transmitida a sus vecinos de Kunkints. Este tema no fue tratado ayer. Está previsto hacerlo la tarde de hoy donde, además, se debatirá sobre la situación política de los shuar y el entorno nacional. Las conclusiones se presentarán mañana.
Análisis: Dos shuar vigilan la antena de Arutam desde la tarde de ayer. Los dos shuar instalaron colchones y carpas para poder dormir. Esto se llevo a cabo porque se inició la asamblea anual de la Federación Shuar. El retiro de la frecuencia de su emisora, por parte del Conatel, será el tema central del debate.
Cuando los manifestantes se tomaron la sede del Congreso, el entonces coronel del Ejército, Lucio Gutiérrez, junto con otros compañeros de armas escoltados por los indígenas, entró al salón principal, para desconocer al régimen de Mahuad y nombrar una Junta de Salvación Nacional.
Esta quedó integrada además por el entonces presidente de la Conaie, Antonio Vargas, y por el ex titular de la Corte Suprema, Carlos Solórzano.
Ese viernes, en el Palacio de Carondelet, el presidente Mahuad trataba de asimilar la magnitud del anuncio de Gutiérrez.
Los golpistas marcharon hacia Carondelet. El general Carlos Mendoza, jefe del Comando Conjunto, tomó el lugar de Gutiérrez. Con ello, precipitó el fin del triunvirato. La mañana del 22, Gustavo Noboa asumió como presidente.
Este Diario recogió la visión de tres de los protagonistas de este golpe sobre cuánto ha cambiado el país en estos 10 años.
‘Continúan las viejas prácticas’
En enero de 2000 concurrieron una serie de circunstancias originadas por las difíciles condiciones económicas a las que estaba sometido el Estado, debido a la caída de los precios del petróleo. El presupuesto no se podía ejecutar y muchos sectores que dependen de él se encontraban impagos.
Como consecuencia, un golpe militar encabezado por el coronel Lucio Gutiérrez y otros compañeros de armas, parapetados detrás de unos cuantos dirigentes indígenas, dieron un golpe al Gobierno y a la democracia ecuatoriana.
Diez años después, y con una serie de gobiernos sucedidos, puedo ver que el sistema democrático y sus instituciones, lejos de fortalecerse, se han debilitado. Se ha eliminado la independencia de las otras funciones del Estado y se ha concentrado todo el poder en el Presidente de la República.
En esta década, los partidos políticos perdieron su imagen frente a la ciudadanía. Tampoco se han formado líderes que vayan asumiendo su responsabilidad en reemplazo de los anteriores dirigentes. La propia sociedad ecuatoriana se ha encargado de desprestigiar a la actividad política y a quienes han participado en ella.
El presidente Correa capitalizó esa satanización, pero en la práctica ha cogobernado con grupos de arrimados que mantienen las viejas prácticas y manías. La ciudadanía se está dando cuenta que ninguna de las propuestas de cambio se va cumpliendo. Existen actos de corrupción y los organismos de control no funcionan. Es posible que el pueblo haga sentir su rechazo.
Miguel Lluco / Director de Pachakutik y dirigente de la Conaie
‘Fuimos Gobierno mas no poder’
Los hechos del 21 de enero fueron una reacción social a la situación económica de la época. Se había decretado la dolarización; meses antes se dio la crisis bancaria y el congelamiento de los depósitos. A todo nivel se rechazaron los desaciertos del gobierno de Jamil Mahuad.
Por eso, debemos destacar la participación de la sociedad en esa caída, porque no nos quedamos solo en el lamento.
Lastimosamente, la situación económica no ha cambiado. Hemos venido de tumbo en tumbo estos 10 años, cuestionando a los gobiernos que siguieron a Mahuad.
Los mestizos siguen con la idea de manejar la economía sin tomar en cuenta la cultura milenaria de los indígenas. Y aunque en estos años nuestro movimiento se ha consolidado, no hemos podido encauzar nuestra acción. Lucio Gutiérrez traicionó la alianza. Los indígenas llegamos al Gobierno pero nunca tuvimos el poder.
Nuestra lucha se ha plasmado en las aspiraciones que recoge la nueva Constitución. En eso, el gobierno de Rafael Correa ha mostrado un cambio.
Los levantamiento de la Conaie también atravesaron por una crisis desde ese 21 de enero. Los políticos a los que cuestionábamos terminaron utilizando nuestra protesta en su beneficio. No podemos seguir siendo sus peones, por eso ha cambiado la protesta. Allí, cabe una autocrítica. Muchos dirigentes de la Conaie, como Antonio Vargas, no tuvieron solidez y cayeron en los apetitos personales. Eso nos afectó mucho.
Lucio Gutiérrez / Coronel del Ejército que dirigió la toma del Congreso
‘El desenlace pudo ser más grave’
En el balance final, reconozco como una de las acciones más maravillosas de la vida el haber actuado el 21 de enero de 2000. En ese episodio, renunciamos a nuestra carrera militar por la patria. Por ejemplo, a mí me asignaron en aquel tiempo ir de agregado militar a la
Embajada en Estados Unidos. No es fácil arriesgar esos privilegios y la tranquilidad familiar.
La situación de descontento que vivía el país pudo desencadenarse en algo mucho más sangriento y lamentable en cuanto a pérdidas humanas, si los militares -en lugar de unirnos a los indígenas-, los reprimíamos. La orden que recibimos fue terminante en contra de la gente que estaba protestando. Incluso, se dijo, que una vez agotadas todas las instancias se podía disparar. Así de drástica fue la orden que se
recibió.
Diez años después, la tensión ha regresado al país. Ahora existe demasiada persecución por parte del Primer Mandatario.
Los mandos militares se han sometido en exceso a este Gobierno y se ha perseguido a los pocos militares activos que participaron en la gesta heroica del 21 de enero.
Rafael Correa tiene que terminar su mandato, a pesar de que su gobierno es el peor de los últimos años. El pueblo tiene que derrotarlo en las urnas.
Claro que para hacerlo hay que cambiar a esa cueva de ladrones de votos en el Consejo Nacional Electoral. Correa copió muchas de las propuestas que teníamos como Gobierno (la nueva Constitución, auditar la deuda pública...) pero que a mí no me fue posible impulsarla por la oposición del Congreso. Yo sé que Correa y Alfredo Palacio conspiraron en mi contra.
El relevo a la Corte será a largo plazo
El relevo inmediato de los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) no es un panorama que se contempla viable en la Asamblea.
es el perjuicio que causó Filanbanco al Estado, según determinó una auditoría.
A pesar de ello, un cambio integral del organismo solo será posible cuando se integre el Consejo de Participación y Control Social, que deberá nombrar al nuevo Consejo de la Judicatura, el cual a su vez tendrá que realizar un concurso para reestructurar al máximo Tribunal.
La actual Corte nació tras la aprobación de la nueva Constitución en Montecristi. El texto legal determinó que debían ser 21 los magistrados de la Corte y no 31, como era hasta 2008.
Esto generó un cisma, pues los asambleístas determinaron que la designación de los nuevos jueces nacionales debía hacerse mediante un sorteo. La mayoría de los judiciales rechazó esta decisión y se negó a participar.
Ellos fueron elegidos luego de un proceso de selección, que tuvo veedurías nacionales e internacionales, y que fue aplaudido por la OEA y la ONU.
El ex magistrado Mauro Terán dijo que los problemas que se evidencian hoy en la CNJ son el resultado de un proceso hecho al apuro y sin dar el valor que tiene la administración de justicia. “Ellos tienen la Corte que quisieron. Es el resultado de la prepotencia y falta de análisis en la Constituyente”, sostuvo.
Sin embargo, para el ex asambleísta constituyente y actual legislador Rolando Panchana, el sorteo fue la única posibilidad de “respetar la democracia y que no se diga que nosotros elegimos a dedo a ningún juez”.
Asimismo, su coidearia Roxana Alvarado dijo que los ex magistrados tienen responsabilidad en la situación de la actual Corte. “Ellos se negaron a formar parte del Tribuna, cuando eso era lo que determinaba la Constitución”.
Para Alvarado, los cambios que se han planteado en el Código Orgánico de la Función Judicial y en los que se plantearán en el Código Penal y de Procedimiento Penal, servirán “para destapar la cloaca que existe en la justicia. Todavía gobiernan en las cortes los mismos de siempre”.
Precisamente una de las principales modificaciones, según Alvarado, fue otorgar a la Judicatura la posibilidad de elegir y sancionar a los conjueces. Esta potestad antes estaba en manos de los miembros de la Corte Suprema.
Con esto se determinó que los conjueces también se deben y están regulados por la Judicatura. “Antes eran abogados en libre ejercicio que entraban y salían de los casos, cuando los jueces titulares no querían ensuciarse las manos”, afirmó Alvarado.
Por ello, incluso cree que se debería analizar la conducta de los jueces de la Primera Sala que se excusaron de conocer el caso, porque denunciaron que se les intentó coimar para fallar a favor de los hermanos William y Roberto Isaías.
En la Asamblea hay malestar por la decisión y no se descarta iniciar un juicio político contra los vocales de la Judicatura. Este organismo nombró a los conjueces.
Además de analizar la actitud de los jueces, también se va a revisar su fallo. La Procuraduría pidió la revocatoria de la providencia emitida el 15 de enero pasado. Esta, según el jurista Jorge Zavala Egas, todavía no se ha ejecutoriado, pues las partes procesales tenían tres días para presentar sus reparos a la decisión.
Sin embargo, él cree que la actuación de Mazzini, Salazar y Rojas fue ilegal, pues “no tenían la potestad para modificar el tipo de delito penal por el que los Isaías iban a ser juzgados. Solamente debían resolver una aclaración al llamamiento a juicio, dictado por los jueces de la Primera Sala Penal en mayo pasado”.
El fiscal subrogante, Alfredo Alvear, pidió a la Corte que fije fecha para la audiencia de formulación de cargos, contra los conjueces.
Análisis: La elección de los nuevos jueces dependerá de la conformación del Consejo de Participación, que está en proceso. Un juicio político a la Judicatura se estudia, La Corte actual es de transición, según lo resuelto en la Asamblea Constituyente, pero durante su gestión ha emitido fallos considerados polémicos a favor de los procesados, como Jorge Hugo Reyes Torres, Carolina Cabrera, Raúl Carrión, etc. (ver cuadro adjunto) y, recientemente, los hermanos Roberto y William Isaías.
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